El estadio está que se cae, y la ilusión del aficionado del Real Zaragoza, entusiasmado por la velocidad que había adquirido el proyecto de construcción de un nuevo estadio tan necesario por cuestiones deportivas, económicas y de salud pública y con un Mundial de fondo, se ha derrumbado después de conocer la grieta legal de los pliegos presentados por el Ayuntamiento y en concreto por PP y Ciudadanos y denunciados por Podemos por supuestas irregularidades. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) estimó el recurso del partido morado al considerar que la fórmula del derecho de superficie a la que se sujeta el consistorio, de carácter privado, «incluye prestaciones de un contrato típico administrativo», como obras, servicios, gestión de obra o gestión de servicios, y que es de carácter público. En los contratos administrativos, el valor estimado de las prestaciones no puede ser superior al 50% del importe total del negocio, y el Real Zaragoza no aclara el coste de la edificación, por lo que el tribunal no puede dirimir cuál es la prestación principal del contrato ni el objeto del mismo. La chapuza, por resumir, se traduce en un intento de privatizar lo público.
El equipo de Gobierno del PP tiene ahora hasta el 4 de octubre para recurrir la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, algo hará pese a que es bastante improbable que encuentre una rectificación a lo que dicta la ley. La joya de la corona de Jorge Azcón se ha convertido en una patata caliente en las manos de su heredera, Natalia Chueca, quien junto a un desarropado de argumentos Víctor Serrano están obligados a redactar unos nuevos pliegos a toda máquina para exprimir lo menos posible los tiempos mundialistas. La pataleta del concejal de Urbanismo demonizando a la izquierda y más en concreto a Javier Lambán, que a duras penas sabe dónde está La Romareda ni le importa y es incapaz de localizar el barrio de San José en el mapa de la ciudad, descubre un plan que presentaba fisuras y que el Tribunal de Contratos se ha encargado tan sólo de subrayarlas con trazo grueso. Ahora habrá que esperar a la reacción del Real Zaragoza frente al nuevo escenario que se presenta, que seguramente le descabalgará de los 75 años de explotación que solicitó y le fueron concedidos y a que se responsabilice, una vez que presente su oferta, a una inversión muy superior si pretende la privatización de los terrenos. Formar una comisión mixta con el Ayuntamiento, la DPZ y el Gobierno de Aragón es otra de las opciones.
La nueva Romareda queda así en el aire contaminado de ese proyecto trufado de favoritismos e inaceptable para el TACPA. El campo es una ruina y un peligro para sus inquilinos, y la necesidad de construir un nuevo templo para disfrute del zaragocismo y sobre todo para el crecimiento de la ciudad, una urgencia como reconocieron todos los partidos del Ayuntamiento hasta que la forma de aplicar el derecho de superficie a favor del proyecto de la SAD por parte de PP y Ciudadanos dinamitó esa sintonía. En la resolución que lo paraliza no hay, por mucho que lo parezca, una ideología con deseo de zancadillear al prójimo, sino el espejo de una realidad que refleja que la ley en mayúsculas está por encima de personalismos, caprichos y oportunismo electoral. El reloj corre en contra, pero no lo suficiente para establecer una ruta correcta y sin peajes fantasma que permita al aficionado y al ciudadano contar, por fin, con un estadio que enorgullezca y enriquezca a todo el mundo Mundial.
Foto: Europa Press
En las actuales condiciones, tras la resolución del TACPA, NO se presentará ningún postulante a construir el Estadio.
Sanllehí lo dejó bien claro y así lo expresó cuando se le preguntó en la rueda de prensa de la presentación del anteproyecto del nuevo estadio.
Sin estadio. Otra vez.
¿Es legal retorcer y utilizar la ley, por motivos espurios, para perjudicar al contrario? Sí, es legal. Pero para nada es ético ni moral.
Lo que sí es legal, también, es aplicar el principio Jurídico técnico que dice que entre dos bienes Jurídicos protegidos prevalece siempre el de mayor valor.
Y entre favorecer a los votantes de un partido y el colectivo de 700.000 zaragozanos debe prevalecer éste último, según mi opinión.
Pero es que esto de alargar los tiempos de ejecución también lo pretenden, para que en 4 años, ganen las elecciones y no se construya. Ya sabemos que el estadio es del pueblo y para el pueblo y ellos deciden que es lo mejor para nosotros. Aunque tengan cero concejales.
Presentar un recurso cuando no te has postulado para conseguirlo, no parece que sean poner muchas ganas para que la ciudad se vea favorecida por tener un campo de fútbol nuevo y moderno.
Legal, sí.
Ético ,no.
Con Zaragoza, los zaragozanos y el Real Zaragoza no se juega.
En ocasiones las leyes protegen la ética y la moral
No tengo simpatía ni devoción por Podemos. Y un nuevo estadio es tan cenesario como el aire que respiramos para el Real Zaragoza y para la ciudad. Pero cumpliendo con la legalidad vigente. No lo olvidemos. Con la legalidad se llega a la ética