La pregunta del millón surge del retraso o pausa en las negociaciones entre el Real Zaragoza y el grupo inversor para la compraventa del club. Un tanto por ciento del capital que tiene o tenía previsto aportar la nueva propiedad en el caso de que se produzca la transacción iba a ser para los pagos inminentes de las que ya no se va a hacer cargo la Fundación. Después haber hecho efectivas con retraso las nóminas de mayo de los empleados con un adelanto de los derechos televisivos de la LFP, el compromiso más urgente caduca el próximo lunes y se refiere el pago mensual de los supuestos 480.000 euros que la entidad debe desembolsar a la Agencia Tributaria del convenio singular firmado en 2015 y revisado en 2017 con Hacienda para afrontar la deuda heredada de anteriores gestiones. Sin embargo, la cifra exacta se eleva a los 887.754 euros en función de la siguiente suma establecida por el fisco y firmada por la dirección financiera del club: 329.360 euros por Iva repercutido al 21%; 271.741 por IRPF Personal: 131.119 a la Hacienda Pública como acreedora; 650 del IRPF de capital inmobiliario; 2.109 del IRPF a los profesionales y 153.072 de IVA.
La firma para el traspaso accionarial no se producirá hasta la semana que viene y en el peor de los casos podría extenderse hasta el mes de julio. Todo está pendiente de los intereses a favor la Fundación por los avales que corresponden a los créditos participativos, información que se está estudiando por parte de los compradores por considerarse excesivas las cantidades que les han sido presentadas en este apartado. Además, esos 887.754 euros recaerán de lleno dentro de la negociación de compraventa, una amortización que tendrá consecuencias en el caso de un hipotético impago. En ese escenario de retraso de obligaciones se produciría un recargo del 5% sobre la totalidad siempre y cuando se haya consumado el pago del principal (los 887.754 euros) desde la fecha establecida (este lunes) hasta que se recibe la notificación de Hacienda. De no haberse realizado el ingreso por el principal, la multa ascendería al 10%, cifra que se elevaría al 20% si se insistiera en el incumplimiento. El embargo sería el último paso. Otro de los problemas que surgirían con motivo de un retraso, es que quedaría anulado en el futuro cualquier nuevo convenio singular con la Agencia Tributaria.
