La compraventa del Real Zaragoza, que de producirse no se confirmará hasta la semana que viene, empieza a desprender cierto tufo a reticencias del grupo inversor que pretende hacerse con la mayor parte de las acciones del club. Tampoco, según ha podido saber Príncipes de París, ha sentado muy bien entre los futuros nuevos propietarios que Fernando Yarza haya podido pactar una continuidad disfrazada de temporalidad con Spain Football Capital, la sociedad creada en marzo por el abogado Kiko Domínguez y los hermanos Álvarez del Campo como rostro negociador de la operación. En este sentido, esa maniobre de Yarza ha molestado profundamente a Cesar Alierta. En cuanto al punto de desencuentro económico, se refiere a los intereses a desembolsar a la Fundación por los avales que corresponden a los créditos participativos, información que se está estudiando por considerarse excesivas las cantidades. El paréntesis abierto podría extenderse o suponer un riesgo para el cambio accionarial previsto si los inversores se niegan a asumir ese gasto añadido.
El Real Zaragoza se encuentra así sin haber firmado un acuerdo que iba o va a suponer un giro completo en las parcelas administrativa y deportiva y que estaba previsto estuviera cerrado antes de este fin de semana. Según informa el Periódico de Aragón, la SAD no le da excesiva importancia a esta pausa, pero no el grupo inversor muestra un talante más conservador a la espera de que le cuadren esos flecos más voluminosos de lo esperado. Las urgencias son máximas porque el día 20 llegará uno de los primeros pagos que la entidad debe realizar este mes, 450.000 euros a la Agencia Tributaria. Por otra parte, un día después se deberían abonar 906.000 de indemnizaciones de jugadores correspondientes a las temporadas 2015-2016, además de 240.000 a la Federación Española de Fútbol. Es probable que estas dos últimas cantidades hayan entrado en la refinanciación del nuevo convenio de acreedores.
En este escenario no se ha bajado el telón ni para bien ni para mal. Ahora bien, la Fundación, que estaría viviendo sus últimos días, ha gestionado una institución empobrecida por una herencia heredada pero con constante ambigüedad por lo que se refiere a las nóminas de sus ejecutivos en la reconducción fracasada hacia un futuro en la élite. El global del gasto para los integrantes del organigrama asciende a 1.460.000 euros, cobros en los que no participan Luis Blasco Bosqued ni Juan Uguet , hombres de confianza de Alierta desde que se produjo la ampliación de capital que le otorgó la mayoría accionarial al expresidente de Telefónica. El presidente, Christian Lapetra, percibiría una cantidad ajustada a la realidad del club, al igual que parte de las personas que conforman esa infraestructura, entre ellos el entrenador Juan Ignacio Martínez.
En las última Junta General Extraordinaria de Accionistas se aprobó una subida de 60.000 euros sobre esa partida de remuneraciones, citas en las que el consejo jamás ha querido ser transparente sobre el reparto individual por considerarlo confidencial. El foco señala directamente al vicepresidente, Fernando Sainz de Varnda, y al director general, Luis Carlos Cuartero, y deja a Fernando Yarza entre la sombras de la nebulosa desinformativa. Los dos primeros apuntan a sueldos inapropiados en el contexto de una situación ruinosa de tesorería. Aun siendo una empresa privada, que por cierto recibe ayudas del erario público, habría que profundizar en el grado de inmoralidad de que algunos ejecutivos, con el visto bueno de la Fundación que ahora solicita los intereses por sus avales, estén cobrando como si trabajaran para un club completamente saneado. Mientras tanto, el grupo inversor repasa la documentación, con la que no parece muy de acuerdo, antes de desembarcar con todo su músculo financiero para hacer frente a los pagos. En el equipo, por lo que se desprende de los movimientos de Torrecilla en el mercado, la inversión no parece que vaya a ser muy ambiciosa a corto plazo.
